El derecho al espacio urbano no es derecho de admisión (por Matías Ruiz Díaz)

Algunos apuntes sobre la relación del Estado con los jóvenes en el espacio público

El año 2010 terminó con una polémica que algunos medios de Reconquista reprodujeron:

“Inspectores municipales acompañados por personal policial recorren la plaza 25 de Mayo y piden a los jóvenes que se retiren, aún si están tranquilamente conversando. De acuerdo a los testimonios de los enojados, eso ocurre a partir de las 2 de la madrugada”, decía el 29 de diciembre un portal de noticias local (www.reconquistahoy.com). Peor aun lo pasan muchos jóvenes de los barrios periféricos cuando intentan incursionar en el centro de la ciudad, o simplemente circular por la misma.

Ambos problemas forman parte de la disputa por los espacios urbanos, una forma particular de la problemática del espacio público sobre la que mucho se está escribiendo y discutiendo en los ámbitos académicos de un tiempo a esta parte; pero en el segundo caso se añaden otras cuestiones: los abusos policiales, devenidos en práctica habitual, y un marcado sesgo de clase en la estigmatización de los sectores socioeconómicamente más vulnerables.

De cualquier forma, lo que se vulnera y se limita es, entre otros, el derecho al espacio urbano, definido por Oscar Oszlak[1] como “un derecho al goce de las oportunidades sociales y económicas asociadas a la localización de la vivienda o actividad”: circular, comerciar, disfrutar del ocio, sobrevivir en la ciudad donde uno vive, sea o no propietario.

El Estado se reserva el derecho de admisión…

En el caso de los chicos expulsados de la Plaza, no se trata de una cuestión de clase, puesto que los jóvenes que contaron haber sido “invitados” a retirarse pertenecen a distintos estratos sociales, incluso medios y altos. Más bien se trata de una disputa por los usos “legítimos” del espacio público, donde existe una marcada diferencia de criterios: para algunos sectores más conservadores de la sociedad (o directamente, más reaccionarios), la concentración de pibes en algunos espacios públicos es tomada como invasiva, colonizadora de territorios antes “familiares” o destinados a la circulación. Quizá el exponente más paradigmático de este pensamiento es el comunicador Carlos Cenoz: el ex Personal Civil de Inteligencia periódicamente se queja en su programa radial de no haber podido circular cómodamente en su auto por las calles adyacentes a la plaza central algún fin de semana, a causa de la proliferación de pibes sentados en el cordón de la vereda, con los pies sobre la calzada, tomando cerveza o quién sabe qué cosa.

A ello se suma la cuestión de los decibeles de la música y las charlas: el criterio es “primero, invitarlos a colocarse en lugares donde hay pocos vecinos (…) donde el punto de encuentro no entre en conflicto con la comunidad", es lo que explicó al respecto el secretario de Gobierno del municipio, Juan José Ingaramo[2], añadiendo que el municipio busca “el buen uso de los espacios públicos que no vaya en detrimento de los vecinos que pretenden descansar”. En realidad, existiendo normas escritas, el Estado no debiera invitar a nadie a retirarse de la Plaza, sino medir decibeles y, si no se adecuan a la legislación, proceder en consecuencia. Si no, sucede lo mismo que cuando el Código Penal de Santa Fe penaba el travestismo o la prostitución escandalosa: no se castiga una falta sino que se estigmatiza una conducta. No se pena los altos decibeles, sino que se estigmatiza la reunión de jóvenes ociosos alrededor de una botella de cerveza –en general, jóvenes sentados en una esquina o en una plaza tomando cerveza es tomado como sinónimo de “ociosos” o “vagos”, aun cuando se trate de estudiantes, trabajadores, o gente que simplemente disfruta de sus vacaciones–.

Se trata, en fin, de un conflicto entre usos considerados legítimos o no por diferentes actores sociales, separados más bien por cuestiones generacionales, y no de la consideración de “peligrosos” de los jóvenes que ocupan esos espacios. La cosa pasa por la moral y el “buen uso”, como en el caso de la censura impartida por el Profesorado en Bellas Artes a una obra realizada por sus propias alumnas, ante la queja de una vecina ofendida en su sensibilidad[3].

¿Pibe circulando o sospechoso rondando?

De mayor gravedad, aunque enmarcada en el mismo problema –el del derecho al espacio urbano–, es la situación de los pibes de los barrios periféricos, quienes son hostigados por la policía por el solo hecho de osar hacer uso de ese derecho (vale decir, circular por espacios de la ciudad que le están implícitamente vedados, los más cercanos al centro). Pero aquí la cuestión se complica, ya que intervienen otros temas: los abusos policiales, devenidos en práctica habitual, y un marcado sesgo de clase en contra de estos jóvenes.

Hace poco más de un mes, en marco del II Encuentro por los Derechos Humanos, un joven militante le decía a una legisladora provincial que para muchos pibes de los barrios el “estado de derecho” es una ficción, ya que no pueden salir a la calle sin ser blanco de los uniformados, con peligro real para su bienestar físico y hasta su vida. La diputada, Alicia Gutiérrez, le contestaba que es el estado de derecho el que permite que esas denuncias se hagan públicas y que existan organizaciones como la Coordinadora contra los Abusos Policiales (de reciente conformación en Reconquista). Sin tomar partido por alguna de las posturas, ampliamente fundamentadas ambas, no puede negarse que para los jóvenes de los sectores vulnerables de la sociedad reconquistense se hace realmente difícil circular por la ciudad, ya que su solo aspecto (vestimenta, color de piel) y procedencia los hacen objeto de continuas requisas en la vía pública, las que generalmente incluyen malos tratos, patoteos y una casi segura derivación a la comisaría más cercana.

En este caso ya no se trata sólo de una diferencia en las consideraciones sobre el uso del espacio público, sino una condena de clase, relacionada con el discurso de la inseguridad, donde el joven-pobre-morocho y vestido de determinada manera es considerado potencialmente peligroso. Un pibe con esas características no puede mirar vidrieras, porque será considerado sospechoso[4]; tampoco podrá circular tranquilamente en bicicleta, ya que se arriesga a ser parado una infinidad de veces para que pruebe que la bici fue adquirida en buena ley[5].

Lo más grave es que la práctica goza de cierto consenso social, ya que existe en los medios un discurso bastante monolítico que relaciona a estos jóvenes con la “inseguridad”. Incluso paradójicamente, invocando una ciudadanía responsable y activa y a una forma de periodismo llamado engañosamente “ciudadano”, muchos de esos medios convocan a la población a dar aviso a la comisaría más cercana o directamente a la emisora más escuchada en caso de ver algún “sospechoso” rondando el vecindario. Adivine cuál sería la definición de “sospechoso”…

El mismo discurso relaciona directamente, como si de matemática se tratara, mayor “seguridad” con mayor presencia policial en las calles. Al respecto, los expertos son más bien recelosos de esta ecuación: Ricardo Ragendorfer, periodista e historiador de La Bonaerense[6], estima que el “gatillo fácil” –el hostigamiento de jóvenes marginales por el solo hecho de serlo, llegando muchas veces al asesinato sumario: 2.500 pibes muertos desde la vuelta de la democracia, con algunos casos recordados en Reconquista– es el único delito “sin fines de lucro” en el que suelen incurrir los uniformados, ya que su ganancia y la del poder político de turno es el disciplinamiento de una parte de la sociedad, peligrosa no desde su potencial delictivo, sino organizativo. Dice Ragendorfer que:

“Este afán de marcar ‘la ley’, de señalar ‘quién manda’, de ‘mear el terreno’, funciona como amenaza general y es de fácil ejecución: gira en torno a la criminalización de no criminales. El blanco suele ser preciso: adolescentes que, por ejemplo, comparten una cerveza en cualquier esquina del Gran Buenos Aires, que gustan de la cumbia o el rock, que van a recitales y que puede que estén fumándose un porro. Pero no son delincuentes, sino en general muchachos de clase media baja, tal vez desertores del colegio secundario y con dificultades para conseguir empleo; o pacíficos pibes de los barrios más pobres, o de las villas miserias”

Pese a la brevedad de este texto, no puede eludirse el hecho de que las fuerzas policiales en Argentina –y en gran parte del mundo– han diversificado sus actividades ilícitas hasta ser parte integrante de la mayoría de las redes de delitos graves: tráfico de drogas, robo de vehículos y desarmaderos, piratería del asfalto, trata de personas[7], hasta el reclutamiento de menores para cometer robos[8], etc. Hay dos puntos de inflexión en estas prácticas, afirma Ragendorfer: la última dictadura militar –cuando la Policía y otras fuerzas represivas del Estado incurrieron en delitos de gravedad a gran escala– y la década del 90 –cuando adquirieron un sesgo “empresarial”–. Desde entonces, tienen la capacidad de extorsionar a dos puntas: tanto al “hampa” como al poder político[9] y la sociedad. Y los pibes de los barrios no son la excepción, sólo que son víctimas del delito que a la policía menos le interesa esconder, ya que disfrazados de enfrentamientos y de criminales abatidos en robos muchas veces fraguados, engrosan las estadísticas y ayudan a generar tanto la sensación de “inseguridad” como la idea de que la policía la está combatiendo.

Más democracia, menos “inseguridad”

Si bien se trata de problemas de una complejidad mayúscula, sería un avance zanjar las diferencias sobre el uso del espacio urbano de maneras más democráticas, respetuosas de las particularidades de cada grupo etario y cultural –a fin de cuentas, generalmente los horarios en que “la familia” gusta utilizar la plaza, y los sectores de la misma que elige, ni siquiera coinciden con las preferencias de los más jóvenes–.

Por otra parte, ayudaría poner en crisis el concepto de “seguridad”, sacándolo del campo de lo estrictamente policial para llevarlo a otros aspectos de la vida social y ciudadana. ¿Cómo? Planteando que “inseguridad” no es salir a la calle y estar a merced de delincuentes desalmados que lo matarán para robarle las zapatillas –los casos en que eso sucede son estadísticamente insignificantes–, sino que “inseguridad” es, por ejemplo, estar desocupado, o tener trabajo en negro, no tener cobertura social, educación ni salud pública, arriesgarse a ser parado infinidad de veces por la policía y terminar en una comisaría al salir a la calle, etc.

Finalmente, en defensa de los pibes que generan tanto miedo a los oyentes de las radios reconquistenses[10], cabe revisar un dato de la realidad: la mayoría de los homicidios cometidos en la Argentina no se dan en situación de robo o atentado contra la propiedad, sino que el 66 por ciento son crímenes de género, cometidos por esposos, novios o amantes enojados (que “matan por amor”, según Cordera); le siguen los crímenes cometidos en riña: personas que se conocen hasta que se desconocen, y lo arreglan a tiros o puñaladas. O sea: es la sociedad la que está cada vez más propensa a la violencia, mientras las cárceles están llenas de jóvenes pobres con causas armadas muchas veces con base en “testimonios dudosos o pruebas endebles”, según el informe anual 2009 del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires[11]. Como diría el grafitti: “qué chiste las cárceles, sin los ricos nunca entran y los pobres nunca salen”.

Y es en el espacio urbano que nos circunda, ante nuestros ojos, donde esas cuestiones empiezan a dirimirse. ¿Cuál será el modelo de “ciudadanía activa” que elegiremos para tomar partido en el asunto.

NOTAS

[1] Oszlak, Oscar (1991): Merecer la ciudad. Los pobres y el derecho al espacio urbano. CEDES-HVMANITAS, p.24. El título del libro proviene de una tristemente célebre frase del Dr. Del Cioppo, titular de la Comisión Municipal de la Vivienda y luego intendente de Buenos Aires durante la última dictadura militar. Para este funcionario, vivir en la capital no es un derecho sino un privilegio: “…vivir en Buenos Aires no es para cualquiera sino para el que lo merezca”.

[2] El accionar de Ingaramo es más bien ambiguo respecto del uso del espacio público por parte de los jóvenes: la puesta en valor de la Plaza como espacio de reunión de los pibes en las fiestas de fin de año, incluso con el aporte de la música por parte del Estado, escapando así a los valores de mercado para la diversión en estas fechas, así lo atestigua.

[3] O bien otros conocidos casos que ya son parte del anecdotario reconquistense: aquel jefe de policía de la UR IX, de prolijo bigote y abultada formación intelectual, que después de cada fin de semana llenaba partes policiales con menores en situación de “descontrol” levantados en la vía pública y entregados a sus padres. La situación “de descontrol” no consistía en patear tachos o romper vidrieras, sino simplemente en caminar por la calle en horas de la noche sin el cuidado (o el “control”) de un adulto. O aquel otro jefe de la IX, que llegó a altos cargos en la provincia bajándose del patrullero en el Triángulo para perseguir (literalmente, y no con el código penal en la mano) a las travestis que allí ejercían la prostitución.

[4] Como puede atestiguar un amigo, trabajador cuentapropista, estudiante de Letras y ex presidente del Centro de Estudiantes del ISP Nº 4, a quien le fue requerido el DNI cuando, a las 9 de la mañana de apacible día sábado, miraba vidrieras en el centro: una actitud sospechosa, tratándose de un vecino de barrio La Loma.

[5] Circunstancia en la que más de una vez encontré a alumnos de la escuela media, y a jóvenes desconocidos.

[6] Ragendorfer, Ricardo: “La mafia argentina viste de azul”, en Le Monde Diplomatique (Edición Cono Sur), Nº 139, enero de 2011, pp. 6-7.

[7] Un botón de muestra: en José C. Paz, “la policía devolvió a su cautiverio a jóvenes que habían acudido a la comisaria en busca de ayuda” en un caso de trata, según cuenta la periodista Fernanda Balati en la última edición de Le Monde: “El negocio de la esclavitud”, p. 9.

[8] El caso de Luciano Arruga, desaparecido desde 2009, cuando se negó a robar para los uniformados, es paradigmático, lo mismo que el asesinato de tres mujeres por parte de “menores reclutados por la policía a cambio de una prestación dineraria”, según lo denunció el mismo ministro de Seguridad bonaerense Carlos Stornelli, antes de presentar su renuncia.

[9] Poder político que en la mayoría de los casos convive más o menos cómodamente con esta situación, ya que una policía mafiosa es un instrumento útil para el disciplinamiento social tanto como para la consecución de fondos espurios para el financiamiento de la política.

[10] “¡Señor Odasso!: en la plaza frente a la Terminal se juntan los pibes de diez años a drogarse, a plena luz del día. A mí ya me da miedo pasar. Que venga el Comisario Mendoza a ver”: es un llamado recurrente en las radios de la ciudad. El vocativo puede estar dirigido al licenciado como a casi cualquier otro conductor radial; fue elegido a modo de ejemplo nomás porque es el último que escuché (ayer miércoles 26 de enero).

[11] Citado también por Ragendorfer.

El ministro de Agricultura de la Nación visitó Reconquista el viernes y reivindicó el modelo sojero

“Construir el modelo de la soja sudamericana: en eso estamos trabajando”

La afirmación no corresponde a alguno de los integrantes de la Mesa de Enlace, sino al ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, quien en su visita a Re

conquista dejó dos cosas en claro: su apoyo a Agustín Rossi como candidato oficialista a la gobernación de Santa Fe y su total respaldo al modelo sojero. En su alocución destacó la función

de los “organizadores del negocio” sojero (la nueva “burguesía nacional” parida por las políticas implementadas desde 2003 por la gestión de Néstor Kirchner) y defendió la política oficial respecto de la producción triguera. “Construir el modelo de la soja sudamericana: en eso estamos trabajando”, dijo, ante una tribuna compuesta por integrantes de diversas organizaciones políticas, productivas y de derechos humanos que lo ovacionaron en casi una veintena de oportunidades.

“Lo que nos pasó en los últimos años fue que no pudimos trasmitir el sentido de las decisiones que tomamos”, lamentó el ministro. Aquí, algunos apuntes de Proyecto Sur Reconquista sobre el paso del funcionario nacional por el norte santafesino, visita en la que sí pudo dejar en claro el sentido de su modelo de desarrollo.

El avance de la nueva frontera

Luego de destacar el “superávit fiscal interno” que se aplicó a “pagar la deuda interna y a la inclusión social” y de reivindicar el pago de la deuda externa como un indicador de que Argentina negocia “como nación soberana, no como un pueblo sirviente de los intereses internacionales”, Domínguez se refirió a la situación mundial en la que entre mil y mil ochocientos millones de personas “se mueren de hambre”. A eso se suman los mercados de China y la India como nuevos compradores de nuestra producción primaria. Con esos datos, encaró el viejo discurso de que la agroindustria tiene como función paliar la situación de hambruna: “Argentina tiene hoy para aportar al nuevo concierto internacional, a la producción de alimentos, 30 millones de hectáreas de tierras arables; se estima que se puede crecer en 10 millones más de hectáreas de tierras arables en la Argentina como productora de alimentos, de proteína”.

Dejando de lado la visión mercantilista del hambre como posibilidad de ampliar mercados, preocupa la intención explícita del gobierno nacional y popular de seguir ampliando la frontera agrícola, un fenómeno que se logra con grandes costos ecológicos y sociales –como los desmontes, con sus consecuencias sobre las poblaciones campesinas e indígenas de las tierras incorporadas al agro mediante la topadora, muchas veces expulsadas en forma violenta de sus territorios, y con sus derivaciones sobre el funcionamiento de los ecosistemas: desertificación, inundaciones, envenenamiento–.

En la misma falta de autocrítica sobre la expansión de la frontera agrícola incurrió el ministro cuando destacó que durante la gestión del matrimonio Kirchner-Fernández “diez nuevos millones de hectáreas de tierras arables se han incorporado a la agricultura. De 32 millones, 10 se incorporaron en la última década: el 30 por ciento de las tierras arables. Esto me parece que constituye un elemento central que echa por tierra aquello de la ausencia de previsión, la falta de inversión y el relato del apocalipsis”. Claro, quizá eche por tierra el relato del apocalipsis de la Mesa de Enlace y de parte de la oposición, continuos reclamantes de menor presencia del Estado, pero ratifica plenamente el relato “apocalíptico” de aquellos que ven la desaparición de economías regionales y de ecosistemas nativos como un problema, ante el avance de las “tierras arables”.

Siguiendo con la reivindicación de las políticas agropecuarias desarrolladas desde 2003, Domínguez dio datos: “Argentina llega a producir 100 millones de toneladas de granos, y de 60 a 100 se pasó en los últimos 10 años. Que yo sepa, de 60 a 100 hay un cuarenta por ciento [en realidad, si producíamos 60 y ahora producimos 100 no hubo un incremento del 40 por ciento, sino del 66,5% aproximadamente]. El modelo de la recuperación de la autonomía en las decisiones nacionales, a uno de los sectores que más benefició es al sector agropecuario”.

En este contexto de aumento de la producción y de la productividad, Domínguez destacó que si Argentina y Brasil “se juntan, son los principales proveedores de soja del planeta”, lo que plantea “la necesidad de empezar a profundizar la inclusión soberana y construir el modelo de la soja sudamericana. En eso estamos trabajando: es decir, construir una estructura que condicione a los mercados internacionales a partir de una logística común y una plataforma común de operaciones con Brasil.”

La góndola y la nueva “burguesía nacional” (o los huérfanos de Kirchner)

Otro de los objetivos de la política pública del gobierno, reconoció Domínguez, apunta a que Argentina trascienda “la cosechadora para llegar a la góndola. Es decir dejar de exportar productos primarios como en la época de la colonia y tratar de exportar valor agregado que genere trabajo, generación de riquezas y oportunidades para los argentinos”. Tomada en abstracto, la frase – coronada por aplausos de la tribuna kirchnerista– es coherente con una política de desarrollo parecida a la propuesta en la plataforma de Proyecto Sur. Pero enunciada después de una férrea defensa de la producción sojera, se entiende que dejar de exportar productos primarios para vender valor agregado es lo que hace, por ejemplo, la aceitera Vicentín, que transforma la soja y el girasol en aceites, facturando 9.500 pesos por minuto y generando “trabajo, riquezas y oportunidades para los argentinos”

Por otra parte, el ministro celebró los cambios económicos y sociales al interior del sector rural. Ya no se trata del viejo productor, sino que “aparecieron los organizadores del negocio, apareció la figura de los contratistas, los financistas, los pooles de siembra, los cluster de semillas, los cluster de fertilizantes”. La nueva organización empresarial, sumada a los precios internacionales y al tipo de cambio, permitió que “este año el superávit del sector fuese de 17.000 millones de dólares”.

Hasta aquí, podría ser el diagnóstico de situación de cualquier observador, pero a renglón seguido el ministro añadió el aspecto valorativo: “en la Argentina ha surgido una nueva burguesía nacional, un nuevo capitalismo nacional vinculado a todos estos actores: ¿saben qué? nuestros semilleros, nuestros fertilizantes, tienen el 40 por ciento del mercado de Brasil; nuestros productores, nuestros semilleros, nuestros organizadores del negocio están en África, son contratados por los grandes grupos para avanzar en tierras arables. Por el nivel de eficiencia de nuestros productores, de nuestros nuevos empresarios que nacieron en esta década, son convocados en África, en países de la ex URSS de nombres difíciles, en India, en China. Entonces el modelo nacional que supo parir Néstor Kirchner con firmeza, con decisión nacional, también generó una nueva burguesía nacional, un nuevo capitalismo nacional que tiene presencia en el mundo, que marca tecnología, que en biotecnología y en desarrollo genético es líder. Eso es un proyecto de desarrollo nacional”.

De los dichos del ministro, celebrados con aplausos por la militancia del campo nacional y popular, se desprenden algunos interrogantes: ¿qué entiende el gobierno cuando habla de “productores”? obviamente el término engloba tanto a gente “del campo”, que produce sus tierras o tierras alquiladas, como a pooles y financistas compuestos por personas que sólo ven el campo en el suplemento rural de Clarín. Y sobre todo, ¿cómo estos nuevos actores económicos pasaron, en el discurso kirchnerista, de ser los enemigos en los tiempos de la 125 –hace sólo dos años atrás– a ser la exitosa burguesía nacional que tan bien nos representa en el mundo, surgida de la planificación económica del gobierno, “parida” por Néstor Kirchner?

El trigo

En lo referido a la comercialización de trigo –cuestión que generó una medida de fuerza de las cuatro entidades del agro– Dominguez explicó que “el primer desafío fue alentar la producción de trigo, y este año, a Dios gracia, vamos a estar cerca de los 15 millones de toneladas” en lugar de las 7,5 millones del año anterior. En este sentido, destacó tanto la política de Estado que demostró la viabilidad de la siembra del trigo en la Argentina como la incorporación de dos mil nuevos productores en esta campaña.

Sin críticas a la concentración de la producción, el ministro explicó que 30 mil productores generaron las 14 millones de toneladas de esta campaña, pero con la particularidad de que 27.500 productores (el 92 por ciento del total) son responsables del 50 por ciento de la producción, mientras que al otro 50 por ciento lo producen tan sólo el 8 por ciento de los productores (unos 2.500).

“Es un problema histórico que cuando termina la cosecha hay sobreoferta, son muchos productores los que salen a vender y son pocos los que compran en la Argentina. Y por supuesto que se produce un cuello de botella”, dijo Domínguez, explicando así la solución que encontró su cartera para se problema:

“El saldo exportable de la Argentina para esta campaña está estimado en 7 millones de toneladas. Antes de que empezara la cosecha, las bolsas de cereales, que son nuestras, que son parte del proyecto nacional, nos pidieron ‘es necesario darle una señal al mercado para que se siembre trigo’, y se abrieron tres millones de toneladas. Es decir, casi la mitad del total de lo que se estimaba que iba a ser el saldo exportable. En diciembre, cuando empezó la cosecha, se abrió otro millón de toneladas, y la segunda semana de enero se abrieron tres millones más. Es decir que Argentina tiene un saldo exportable de 7 millones de toneladas, pero si tenemos en cuenta que el 92 por ciento de los productores producen 7 millones, ya estamos resolviendo con esa medida el problema del 92 por ciento de los productores, de 27.500 productores”. Dada la capacidad de presión de los grupos concentrados, cuesta creer que estos 27.500 pequeños y medianos productores vean solucionada su situación antes que el 8 por ciento de concentra la mitad de la producción, pero el discurso oficial está planteado de esa manera.

“Además –prosiguió el ministro– la molinería ya compró un millón y medio de toneladas en el mes de enero, y va a comprar un millón más. Vamos a estar movilizando en el primer trimestre del año tres millones más de molinería, sumados a los 7 son 10 millones, con lo cual estamos avanzando sobre la otra mitad de los productores, los 2.500 que producen el otro 50 por ciento del trigo. Y como además hay productores que tienen dificultades, que son pequeños y medianos, la presidenta decidió otorgar un crédito que es histórico, a tasa cero [aplausos], sea o no sujeto de crédito el productor, porque hay muchos productores pequeños y medianos que han quedado fuera del registro de operaciones granarias. O sea 840 millones [de pesos] para garantizar que el productor que no quiera vender pueda retener este trimestre crítico un millón más de toneladas. Es decir, estamos movilizando once millones de toneladas el primer trimestre del año, cuando en los últimos 15 años se exportó en promedio en el primer trimestre 3,2 millones de toneladas. Hoy abrimos 7 más 4 del mercado interno”.

Personalismo, verticalismo, fundamentalismo…

Citando a Perón, Domínguez dejó en claro que “la política necesita un ejecutor y mil predicadores; y con Néstor Kirchner mi compromiso fue trabajar en la construcción de los mil predicadores”. En el actual panorama político, aclaró, la ejecutora es la presidenta y todos los militantes del campo oficialista, sus “predicadores”.

Y en consonancia con su discurso, rayano al fundamentalismo, el ministro señaló que todos los presentes “hemos sido paridos de la tierra, en el interior de la tierra, en el interior profundo, que forma parte constitutiva del acervo de nuestra Nación”. “Los que no forman parte constitutiva del ser nacional son los que pretenden construir un mensaje permanente de desmoralización”, acuso, constituyéndose en árbitro de quiénes representan y quiénes no el “ser nacional”. Cualquier comparación con discursos de ese estilo esgrimidos en otros momentos históricos resultaría redundante.

Los grandes ausentes

Si bien uno de los organizadores de la charla, el diputado Enrique Marín, había adelantado una disertación de dos horas, el ministro sólo habló media. Y si bien Domínguez afirmó en varias oportunidades que “esta no es una discusión política sino una discusión agropecuaria de los destinos de la Argentina, conmigo no van a discutir temas políticos”, en su escasa media hora de discurso abundó más en arengas políticas instalando la figura de Agustín Rossi como candidato a gobernador –“quiera Dios y el pueblo de Santa Fe lo acompañe, que Agustín sea el próximo gobernador”– sin precisar datos técnicos sobre las políticas de Estado –más que los desarrollados en los párrafos precedentes–. Por último, mientras Domínguez se ofreció para contestar preguntas, Marín tomó rápidamente el micrófono y dio por terminado el evento, cortando cualquier posibilidad de debate. Primera gran ausencia de la mañana.

También llamó la atención la ausencia de cualquier alusión a los pequeños productores, al campesinado del norte santafesino, a las producciones alternativas. Sólo los actores de los agronegocios fueron tenidos en cuenta en el discurso oficial de un ministro que dice representar a un gobierno popular, opuesto desde 2008 –al menos en lo discursivo– a la oligarquía terrateniente y sojera. Segunda gran ausencia.

Y si algunas ausencias fueron significativas, también lo fueron algunas presencias: ovacionando al funcionario en cerca de una veintena de veces, formaron parte de la tribuna militantes populares del campo oficialista, ya sea de sus vertientes político-partidarias, sindicales, barriales o de derechos humanos. Así, sorprendió ver aplaudiendo de pie la arenga sojera a referentes de espacios que reivindican al campesinado, a las producciones alternativas, con quienes solemos encontrarnos para denunciar a los agronegocios y sus consecuencias de expulsión de habitantes rurales, desertificación y fumigaciones. Será también parte de la realidad que Néstor Kirchner supo parir…

No va más

Si usted viene de Buenos Aires a Rosario por la autopista, encontrará los anuncios que prometen el primer mundo a escasos metros.

Siempre en esa dirección, observará a mano derecha el monumental City Center, propiedad del empresario Cristóbal López, amigo de la administración nacional, cuya grandiosidad -dicen sus publicistas- no tiene nada que envidiarle a los mejores de Las Vegas.
Artistas populares han llegado hasta allí donde hay un hotel de lujo y un centro de convenciones no menos espectacular. Pero esa es una parte de lo que ve el pasajero que arriba a la ex ciudad industrial, obrera, portuaria y ferroviaria.
Porque también observará por encima de las cañas y entre los límites de una escuela provincial, las decenas de ranchos más que modestos que parecen caerse en las cunetas que separan el territorio agreste del gris de la autovía.
En ese límite que junta a dos realidades diferentes y también complementarias, está la frontera que limita Rosario con Villa Gobernador Gálvez, una de las más grandes de la provincia de Santa Fe.
Allí las necesidades básicas nunca bajan de la tercera parte de la población al mismo tiempo que el consumo de drogas va sepultando vidas jóvenes que ni siquiera llegan a intentar un futuro parecido a lo que alguna vez soñaron.
Desde esa ciudad, cabecera de frigoríficos emblemáticos como Paladini o el Swift, surgió la extraña figura de Pedro González, varias veces intendente y diputado nacional, menemista cerril y hoy subido al palco que proclama al jefe de la bancada de diputados kirchnerista, Agustín Rossi, como candidato a gobernador de Santa Fe.
La figura de González creció en forma paralela al desarrollo de la pobreza, la privatización de las costas y el aumento del narcotráfico.
En semejante escenario, cuando miles de desesperados fueron usados al servicio de mezquinos intereses que empujaban sus necesidades reales y ocuparon el parque Indoamericano de Villa Soldati, un grupo de familias hizo lo propio en Villa Gobernador Gálvez.
El actual intendente, Jorge Murabito, no tuvo ningún reparo en señalar a González como el verdadero autor intelectual de esas tomas de tierra y corte de la vieja ruta 21 que duraron algunas horas.
Tuvieron que firmar un acta en el que las autoridades municipales se comprometen a ceder un terreno para que puedan levantar sus casas después de un censo de necesidades que se hará al respecto.
Murabito y González firmaron, se dieron la mano y las necesidades siguen de la misma manera que continúan los negocios que mueven sumas obscenas mientras que las necesidades se multiplican allí abajo, en los alrededores del casino del señor Cristóbal.
En la provincia de Santa Fe, según dichos de los propios funcionarios actuales de la llamada administración socialista, hay cien mil familias que no tienen una vivienda digna.
Queda claro que tanto en Villa Gobernador Gálvez como en Rosario, lo que más rápido se construye son los monumentales edificios para los más ricos.
Mientras tanto, los que son más, parecen estar atrapados entre las eternas promesas y la cínica manipulación de aquellos que después de distintos escarceos hacen las paces y siguen como si nada hubiera pasado.
Como dirían las voces anónimas en las ruletas de Don Cristóbal, no va más.